Nota de prensa, 27 de enero de 2016
EL INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL EMBALSE DE ALMUDÉVAR NO CONTEMPLÓ EL ENORME COSTE DE BOMBEO
ESTE INFORME ES IMPRESCINDIBLE PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE LA OBRA Y SU FINANCIACIÓN PÚBLICA
FUE APROBADO POR FEDERICO RAMOS DE ARMAS, ENCARCELADO POR EL “CASO ACUAMED”.
César González Cebollada
Dr. Ingeniero Industrial, Doctor en Mecánica de Fluidos.
Profesor de Hidráulica en la Escuela Politécnica Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza)
Correo electrónico: cesargon@unizar.es
La vigente Ley de Aguas española (Real Decreto Legislativo 1/2001) en su artículo 46.5 establece que “con carácter previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica, deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes”.
En el caso del embalse de Almudévar (Huesca), el informe de viabilidad económica, aprobado en 2012 y disponible en la web del Ministerio de Agricultura (que puedes consultar aquí), en su apartado séptimo “análisis financiero y de recuperación de costes”, no consideró ningún gasto energético de explotación anual, pese a que es un embalse que se llena íntegramente mediante bombas hidráulicas conectadas a la red eléctrica, con un enorme caudal de bombeo de 24 toneladas de agua por segundo.
Como se puede apreciar en el propio informe, en el apartado 3 Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos, en la casilla de costes energéticos, el total es de 0€.
A partir de esta anulación del enorme coste energético, el informe concluye que la obra es viable económicamente, lo cual da vía libre a la declaración de interés general de la obra y a su financiación con dinero público.
El embalse de Almudévar, con un presupuesto base de licitación de 190 millones de euros, tiene una capacidad proyectada de 170 hectómetros cúbicos que se llenan íntegramente mediante bombeo, por lo que el principal coste de explotación sería el enorme coste energético asociado al bombeo, pero no se tuvo en cuenta en el preceptivo informe de viabilidad, que se aprobó en 2012.
En el posterior proyecto del embalse, sometido recientemente a exposición pública, se calculó el coste del bombeo en unos 2 millones de euros anuales sin contar el IVA y otros conceptos menores, por lo que realmente se podría situar alrededor de 2,5 millones de euros anuales, suponiendo que los precios de la electricidad no aumenten en el futuro. En el cálculo, se tuvieron en cuenta los ingresos procedentes del turbinado del agua durante el vaciado del embalse, por lo que los 2,5 millones de euros son un coste neto anual de explotación del embalse que no se tuvo en cuenta en el informe de viabilidad económica y que debió sumarse a los 1,2 millones de euros que se establecen como costes anuales de explotación por administración, gestión y mantenimiento. Por tanto, el informe de viabilidad económica del embalse de Almudévar podría ser incorrecto y el artículo 46.5 de la Ley de Aguas, que pretende garantizar la viabilidad económica y la recuperación de costes de las obras hidráulicas, podría no estar siendo respetado. En consecuencia, sería también incorrecta la declaración de interés general de la obra hidráulica basada en este informe. La recuperación de costes figura también como uno de los principios de la Directiva Marco del Agua, que establece en su artículo 9 que “los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua”.
El informe de viabilidad económica del embalse de Almudévar fue presentado en el año 2012 por la Confederación Hidrográfica del Ebro y fue aprobado por Federico Ramos de Armas, que dimitió recientemente de su cargo de Subsecretario de Presidencia del Gobierno y fue encarcelado por su implicación en el llamado “caso Acuamed”, en el que se investiga la presunta adjudicación raudulenta de contratos públicos inflados para obras hidráulicas y medioambientales entre 2007 y 2014. Ramos de Armas era en aquella época Secretario de Estado de Medio Ambiente, lo cual le convertía en director de la empresa pública Acuamed y también de Acuaes, que está a cargo del proyecto de embalse de Biscarrués, vinculado al de Almudévar.
Así, en el año 2012, Ramos de Armas aprobó con su firma el informe de viabilidad económica del embalse de Almudévar en el que no se contemplaron los enormes costes energéticos del bombeo. En el año 2013, Ramos de Armas también firmó con el presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, el protocolo para la redacción del proyecto de construcción de la presa de Biscarrués (Huesca), una obra considerada complementaria del embalse de Almudévar.
También firma el informe de viabilidad del embalse de Almudévar la Directora General del Agua, Liana Ardiles López, que según publica el diario El País está supuestamente implicada en el Caso Acuamed a tenor de diversos correos electrónicos y testimonios que constan en las diligencias judiciales. Este diario también señala que el entonces ministro de agricultura, Miguel Arias Cañete, ignoró un informe de su ministerio contrario a compensar con dinero público a la empresa FCC por los daños en una desaladora de Almería.
Una de las empresas adjudicatarias del proyecto del embalse de Almudévar es Sogeosa, cuyo nombre ha sido vinculado también con el Caso Acuamed porque se le adjudicó por 34,9 millones de euros una de las obras bajo sospecha judicial, según ha publicado el diario El País.
Otra empresa adjudicataria del embalse de Almudévar es Sacyr, que redactó el proyecto con posibles errores técnicos importantes en el cálculo de costes y en el planteamiento del llenado. Su ex director Luis del Rivero figuró como investigado en el escándalo de la caja B del Partido Popular, descubierto con los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas pero, según informó el diario Público, no fue procesado por donar 480.000 euros al PP porque el delito había prescrito.