La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos quiere hacer públicas las siguientes consideraciones, tras las recientes afirmaciones de la ministra de Agricultura, referidas a la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental.
En primer lugar, supone un grave desprecio (sobretodo viniendo de una ministra) hacia una reciente sentencia judicial de la Audiencia Nacional. Ésta, basándose en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, desestima cualquier actuación que suponga el deterioro de una masa de agua en buen estado, como sucedería con el tramo del río Gállego al que afectaría el despropósito de proyecto del pantano de Biscarrués.
Además, supondría una nueva malversación de dinero público encargar un nuevo estudio de impacto ambiental sobre un proyecto que, como ya hemos recordado, cuenta con una demoledora sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se anula el proceso de información pública del anteproyecto y los derivados procedimientos posteriores.
Para el conjunto del Altoaragón supone un importante agravio económico el que cada año aparezca una partida destinada al proyecto del pantano de Biscarrués en los presupuestos generales del estado, y que no se ejecute. Para la contabilidad presupuestaria, se contabiliza como dinero invertido en la provincia, aunque no se haya gastado realmente. Sin embargo, no aparecen las partidas necesarias para la descontaminación por lindano que sufre el río Gállego. Sobre esta problemática, que hipoteca absolutamente el futuro desarrollo tanto de actividades agrícolas, como ganaderas o de cualquier otra índole, el Ministerio de Medio Ambiente ni siquiera se ha implicado ni técnica ni económicamente.
Por otro lado, sería mucho más beneficiosa a corto, largo y medio plazo, una correcta inversión en el desarrollo rural y turístico del Reino de los Mallos, el cual, además de haber demostrado sobradamente su utilidad y viabilidad, no necesita subvenciones públicas.
Es absurdo e ilógico seguir destinando dinero público a un proyecto que no es capaz de superar ni el más mínimo análisis coste beneficio, y que además de eso, produciría un desastroso impacto económico y social en su entorno. El Pacto del Agua, redactado hace 26 años, está obsoleto por definición, ya que incluso las supuestas avenidas del Gállego que en él se establecían como necesarias de controlar, se basan en estudios climatológicos cuya proyección no es válida para horizontes más allá de los 30 años.
Por último, y no por ello menos importante, para los habitantes de la Galliguera supone una ofensa excesivamente repetida el trato despectivo con el que acostumbran a ser tratados por la administración general del Estado. Su esfuerzo, su desarrollo, el cuidado de sus recursos naturales y su ejemplo de desarrollo sostenible son reciben frecuentemente halagos, reconocimientos y felicitaciones, haciéndose partícipes de los mismos de manera injustificada. Mientras tanto, los mismos colectivos, municipios y vecinos pasan a un segundo plano cuando se trata de tomar decisiones consensuadas socialmente.
La estrategia actual del Gobierno supone prolongar innecesariamente la agonía de un proyecto inviable técnica, económica y jurídicamente, con el único objetivo de mantener el rédito político que esto les supone. La Galliguera, el Reino de los Mallos, la ribera del Gállego… es un entorno del que presumen mientras hacen todo lo posible para seguir defendiendo su destrucción. Y eso es algo que desde la coordinadora, como se lleva haciendo desde hace más de 30 años, se seguirá denunciando hasta que sea necesario, con el respaldo de la importante masa social que la forma y la sustenta, de los Premios Félix de Azara, de las sentencias de la Audiencia Nacional y, sobre todo, el de un territorio vivo, que no rebla, y que día a día demuestra que es posible un desarrollo sostenible, respetuoso con el medioambiente y rentable económicamente.